El Ministerio de Sanidad ha manifestado su intención de rescatar la ley antitabaco, según afirmó la ministra Mónica García. Las medidas propuestas en relación con los espacios libres de humo han generado gran controversia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó la acción y vinculó la situación con la problemática de drogas en Estados Unidos, haciendo especial referencia al fentanilo, un opioide sintético que está generando una grave crisis en América y que también está presente en España.
De acuerdo con el programa de encuestas sobre alcohol y drogas por edades, el consumo de fentanilo ha experimentado un aumento significativo, pasando del 1.9% en 2018 (equivalente a 884.000 personas) al 14% en 2022, con un total de 695.000 personas, ocho veces más que la cifra anterior. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios expresó su preocupación por el riesgo de abuso del fentanilo y su potencial para generar dependencia en los pacientes.
En paralelo, el Congreso de los Diputados está debatiendo la legalización del cannabis. Diversas formaciones, siguiendo la estela de Podemos, buscan una regulación integral. España destaca como el país que más marihuana produce y exporta en toda Europa. El cannabis es la droga ilegal más consumida por los jóvenes, empezando a los 15 años. Aunque inicialmente produce un efecto placentero de relajación al liberar dopamina, con el tiempo, puede afectar negativamente al cerebro, causando pérdida de memoria, reducción del rendimiento intelectual y alteraciones en las capacidades cognitivas. El consumo crónico puede inducir a la depresión, ansiedad y cuadros psicóticos.
La aparente incoherencia de la clase política se evidencia en la intención de impulsar una ley antitabaco al mismo tiempo que se debate sobre la legalización del consumo de cannabis. Este contraste refleja la complejidad y las diversas posturas presentes en el ámbito de la regulación de sustancias y su impacto en la salud pública.
