El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso más en el procedimiento que mantiene abierta la justicia sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Ha citado a Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para comunicarles que serán juzgados por un jurado popular, en calidad de acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos. Conviene aclararlo: el juez no ha tomado una decisión discrecional. La Ley del Jurado establece que los delitos de malversación deben ser enjuiciados por un tribunal popular, compuesto por ciudadanos legos en Derecho. Es decir, el magistrado Peinado cumple con la ley. Nada más, pero tampoco nada menos. El matiz es relevante, porque la narrativa política se apresura a instalar la idea de un juez con afán de protagonismo, o incluso de cacería, cuando la realidad es más sencilla: se limita a aplicar la norma. Y sí, ha citado a los tres investigados este sábado por la tarde. Es una decisión poco habitual, pero perfectamente legal.
