Bruselas vuelve a escena. Lo hace con una propuesta que, de salir adelante, afectaría directamente a la rutina de millones de trabajadores europeos: implantar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Una medida que forma parte de un paquete urgente para hacer frente a la crisis energética derivada del encarecimiento del petróleo y el gas en el actual contexto de guerra. El planteamiento es, en apariencia, sencillo: menos desplazamientos, menos consumo de combustible, menor presión sobre un sistema energético tensionado. Sobre el papel, una decisión técnica. En la práctica, una nueva apelación al comportamiento individual como herramienta principal para corregir un problema estructural. Como en el coronavirus. Porque conviene recordar que esta misma Unión Europea que ahora pide reducir desplazamientos es la que, en los últimos años, aceleró la transición energética con decisiones que incluyeron el cierre progresivo de centrales nucleares y de carbón. Decisiones estratégicas que hoy condicionan el margen de respuesta ante una crisis de suministro.
