En numerosas resoluciones judiciales se contienen afirmaciones severas sobre actuaciones de funcionarios públicos, policías o instituciones. Algunas han sido posteriormente corregidas por instancias superiores y otras han permanecido intactas. Sin embargo, rara vez provocan una movilización institucional semejante. La ironía es evidente. Se considera inaceptable siquiera plantear la hipótesis de que una escolta dependiente del Ministerio del Interior pudiera actuar indebidamente. Una posibilidad presentada como absurda e imposible. Pero la historia reciente demuestra que las instituciones no son infalibles y que el control del poder existe precisamente porque ningún organismo público está exento de cometer errores, excesos o irregularidades: desde agentes de la UCO actuando contra compañeros para las cloacas del PSOE hasta el jefe de la UDEF con 20 millones de euros del narcotráfico en las paredes de su casa. La cuestión, en definitiva, trasciende a Juan Carlos Peinado, a Begoña Gómez e incluso al propio Gobierno. Siguiendo con lo judicial, el Tribunal Supremo ha emitido la sentencia del ‘caso mascarillas’ y condena a 24 años y tres meses de prisión a José Luis Ábalos, 19 años y 8 meses a Koldo García, y rebaja la de Víctor de Aldama a 4 años y medio de prisión. Sin embargo, este último no entrará en prisión. En otro margen de cosas, analizamos, junto a Gonzalo de Oro Pulido, la situación de Barcelona con el PSC. En el plano internacional, debatimos y analizamos las elecciones de Colombia. En la mesa de análisis: Marcos de Quinto, Miguel Robledo, Julio Ariza, Josep Maria Francàs y Gonzalo de Oro Pulido.
