La decisión adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial abre un nuevo capítulo en una crisis institucional que hace tiempo dejó de ser exclusivamente jurídica para convertirse también en política. El órgano de gobierno de los jueces ha acordado remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria las manifestaciones realizadas por el juez Juan Carlos Peinado en el auto por el que impuso medidas cautelares a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La decisión ha salido adelante gracias al voto de calidad de la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, evidenciando la profunda división existente en el seno de la institución. Conviene recordar los hechos. Lo que se remite al Promotor no es una resolución anulada por un tribunal superior ni una conducta declarada ilegal por una instancia judicial. Lo que se cuestiona son unas afirmaciones incluidas en un auto judicial en las que el magistrado sostenía que los agentes encargados de la seguridad de la esposa del presidente podrían, hipotéticamente, facilitar una eventual fuga, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores.
