La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ya advertía entonces de que ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces ni desacreditar su labor mediante campañas de presión o insinuaciones sobre supuestas motivaciones ocultas. Un año después, en medio de la creciente tensión entre el Gobierno e intentos de toquetear los jueces, Perelló ha vuelto a denunciar las «presiones de toda naturaleza» contra los magistrados y ha defendido que las descalificaciones a los jueces son impropias de un Estado de Derecho avanzado.
