La ponencia, redactada, por Inmaculada Montalbán, sostiene una tesis muy grave que podría cambiar el equilibrio entre los poderes del Estado. Según este criterio, el legislador, es decir, el Congreso, puede aprobar cualquier norma que no esté explícitamente prohibida por la Constitución. El argumento de las “circunstancias excepcionales” como paraguas para justificar esta amnistía abre una puerta inquietante. Porque si cualquier situación política compleja permite reinterpretar el ordenamiento jurídico a conveniencia del Ejecutivo, ¿qué queda del principio de seguridad jurídica? ¿Dónde está el control constitucional cuando se trata de una norma que beneficia a personas concretas, y que se negoció (y pactó) como moneda de cambio para una investidura?
