En esta última semana, el gobierno español ha desatado una serie de medidas que están llevando a España por un sendero que, hasta hace poco, solo era objeto de bromas irónicas: el camino hacia convertirse en Venezuela. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado la aprobación de un nuevo modelo de tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables. Estas tarjetas, según él, serán canjeables por productos de alimentación y otros artículos esenciales, con la intención de crear un modelo menos estigmatizante.
Aunque el gobierno progresista prefiere llamar a esto «tarjetas monedero», hay quienes no dudan en etiquetarlo como un sistema de racionamiento. Estas tarjetas reemplazarán las cestas de alimentos distribuidas anteriormente para las familias en situación de pobreza severa y se espera que lleguen a casi 70.000 familias a partir del próximo mes de abril. El ejecutivo, en colaboración con la Cruz Roja y fondos europeos, planea gestionar esta medida, que a partir de 2025 será responsabilidad de cada comunidad autónoma.
Sin embargo, la realidad de Moncloa parece divergir de la realidad en las calles. La Federación Española de Bancos de Alimentos ha denunciado que más de 350.000 familias quedarán desprotegidas con esta medida, marcando el fin de la colaboración entre el gobierno y los bancos de alimentos. A pesar de los 97 millones de euros destinados el año pasado, beneficiando a alrededor de 1.400.000 personas, parece que Sánchez y sus ministros buscan evitar enfrentarse a las desgarradoras imágenes de las cada vez más largas e incómodas colas del hambre. Una vez más, el gobierno demuestra que no da puntada sin hilo y que, en este caso, su objetivo es evitar la confrontación con la cruda realidad que viven muchas familias en España.
