El Tribunal Constitucional avala la amnistía. Más que hablar, ha decidido. Y lo ha hecho por un margen tan ajustado como revelador. Seis votos a favor. Cuatro en contra. Constitucional, sí… pero por la mínima. Y eso, en la máxima instancia garante de la Carta Magna, tiene más valor político que jurídico.
El TC ha ratificado que la polémica ley de amnistía, la que borra de un plumazo toda responsabilidad de todo lo ocurrido en el proceso separatista, encaja en la Constitución. Lo ha hecho con el respaldo del bloque progresista frente a la oposición de la minoría conservadora. Una división frontal. Ni consenso ni unanimidad. Nada que ver con las sentencias anteriores relacionadas con el desafío independentista catalán, que fueron unánimes.
Esta vez, el Constitucional no es unánime. Ni siquiera está de acuerdo consigo mismo. Lo más relevante no es el resultado. Lo sabíamos. Tampoco es lo que se ha dicho. Lo sabíamos también. Lo que realmente marca un antes y un después es lo que se ha normalizado: que una ley de amnistía se utilice como moneda de cambio para una investidura. Que se borren delitos a conveniencia parlamentaria
