España pierde 1.100 millones de euros en fondos europeos. Lo ha decidido Bruselas. No es una amenaza ni advertencia. Es una realidad. Europa recorta esa cantidad porque el Gobierno español no ha cumplido con su parte del trato. Moncloa prometió reformas, y no las ha llevado a cabo. Especialmente, una reforma fiscal verde y una reducción del empleo interino en el sector público. Dos compromisos que estaban por escrito, firmados y sellados. Y que, simplemente, no se han cumplido. Aun así, el Gobierno saca pecho porque sí hemos desbloqueado más de 24.000 millones. Tiene España un plazo de seis meses para recuperar esos mil millones. Mientras tanto, en Bruselas siguen con su cruzada reguladora. Esta vez, contra los coches usados. En el ámbito social, el sistema de atención a la dependencia vuelve a emitir señales preocupantes. El deterioro de un sistema esencial afecta directamente a los más vulnerables, y no debería pasar desapercibido. Tampoco lo hace el llamado caso Koldo. Porque ya no hablamos solo de un asesor. Tampoco de sólo los secretarios de organización del PSOE. Las nuevas imputaciones alcanzan a altos cargos de la administración del Estado, con la presidente de ADIF y el exdirector de Carreteras, y confirman que no se trata de casos aislados. Se trata de la gestión pública, de la supervisión institucional, y del deber de transparencia.
