El Tribunal Constitucional es una corte de garantías de naturaleza estrictamente política y de extracción parlamentaria. Bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, esta institución ha culminado una deriva insostenible hasta convertirse en un órgano totalmente politizado y alineado al servicio de las necesidades políticas e institucionales del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una resolución redactada por el magistrado Manuel Marchena y suscrita por la presidencia de la Sala, ha puesto blanco sobre negro el avasallamiento al que está siendo sometido el Poder Judicial. Si bien el Alto Tribunal ha acatado la resolución dictada en favor de los dirigentes separatistas, lo ha hecho acompañando el fallo de un durísimo alegato en defensa de su soberanía jurisdiccional. Los magistrados de la Sala Segunda han sido tajantes al denunciar la «extralimitación» del Constitucional, acusando al bloque mayoritario del TC de invadir el ámbito de interpretación de la legalidad ordinaria que la Constitución de 1978 reserva en exclusiva al Supremo en su artículo 123. La mutación del Constitucional en una improvisada casación de última instancia no solo quiebra la separación de funciones diseñada por los constituyentes, sino que pervierte las reglas fundamentales del propio recurso de amparo. Como resalta el propio Supremo, calificar la interpretación de 14 magistrados de la Sala Penal como carente de «sentido común» o de «lógica» no representa otra cosa que un intento de camuflar, mediante una «innecesaria grandilocuencia», la intensidad de una injerencia sin precedentes. La detonación pública de este conflicto coincide de lleno con un calendario en el que el Constitucional delibera sobre sobre la ley de nietos. La apelación apresurada de Cándido Conde-Pumpido solicitando «respeto» para la jurisdicción constitucional suena a un mero ejercicio de cinismo retórico. Es difícil reclamar el respeto a la independencia de los jueces cuando el propio Tribunal Constitucional ha roto con su jurisprudencia histórica, desoyendo el deber de contención argumental que le impone su propia Ley Orgánica, con el único fin de socavar la función del Supremo y dar cobertura jurídica a las exigencias políticas del Gobierno de turno. Conocemos también la decisión final del Tribunal ante la ‘Ley de nietos’ y descubrimos las numerosas cargas policiales en el acto de VOX. En la mesa del debate: Ignacio Hoces, Luis del Pino, Marcos de Quinto y Carmen Lovelle.
