Hoy en Dando Caña, la espeluznante noticia que Irak ha aprobado legales los matrimonio con niñas de nueve años.
Recientemente, el Parlamento de Irak aprobó una enmienda a la Ley de Estado Civil que permite los matrimonios con niñas de hasta nueve años, una medida que ha pasado desapercibida en muchos medios. Hasta ahora, la legislación establecía los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, pero estudios de ONG, como Caminando Fronteras, indican que tres de cada diez matrimonios ya se realizaban con menores, violando la norma actual. Este cambio legal suscita graves preocupaciones, aunque apenas se ha debatido públicamente.
Este tipo de decisiones recuerdan medidas similares en otros países. Durante la pandemia, por ejemplo, Francia redujo la edad mínima para el consentimiento a 13 años, lo que también generó polémica. Estas acciones, calificadas como distópicas, reflejan una tendencia que algunos temen podría influir en Occidente, especialmente dado el incremento de migración desde países islámicos. La creciente influencia de esta cultura en ciertas regiones europeas, como alcaldías con mayoría islámica, ha generado inquietud sobre posibles impactos en las leyes y tradiciones locales.
Sorprende la ausencia de pronunciamientos por parte de partidos políticos, como Sumar o Podemos, sobre la necesidad de revisar o romper relaciones comerciales con Irak tras esta decisión. Esto contrasta con la atención mediática y política dedicada a otros casos, como el de Rubiales, cuya polémica generó una extensa cobertura y debates en España.
Por otro lado, se denunció recientemente un incidente durante la semifinal de la Supercopa en Mallorca, donde mujeres y aficionadas fueron víctimas de acoso, burlas y tocamientos por parte de aficionados árabes tras la derrota del equipo local frente al Real Madrid. Entre las afectadas estuvo la mujer de un futbolista, quien enfrentó una situación traumática mientras protegía a sus hijos. Estos eventos han pasado casi desapercibidos, lo que contrasta con el enfoque hacia otros temas.
El traslado de competiciones deportivas a países con legislaciones contrarias a los derechos humanos y de las mujeres parece obedecer exclusivamente a intereses económicos, ignorando las implicaciones éticas. Ante esto, algunos plantean sanciones como medida de presión, aunque la falta de liderazgo claro dificulta estas acciones.
