«Tsunami Democràtic», el movimiento radical que dirigió los disturbios en Cataluña y movilizó a los manifestantes, está en el punto de mira por las revueltas provocadas en otoño de 2019. Se cuestiona quiénes son los políticos que están detrás de la plataforma. Hechos que dan que pensar, como que el fiscal jefe de la Audiencia, especializado en bioterrorismo, rectificó su posición sobre Tsunami apenas tres días después del 23J.
La fiscalía realizó un informe que calificaba los actos del grupo como un delito de terrorismo, aprobado por el fiscal jefe Jesús Alonso. Sin embargo, tras las elecciones del 23J, el mismo fiscal que lo había validado afirmó que el dictamen se evacuó erróneamente, sugiriendo que podría estar relacionado con las posibilidades de gobernar de Sánchez sin el apoyo de los catalanes.
Además, la fiscalía sostiene que el caso contra Tsunami Democràtic debería pasar a un juzgado de Barcelona por desórdenes públicos y agravados, contrario a lo expuesto en el primer informe en diciembre de 2021. En ese mismo año, el gobierno aprobó la estrategia de seguridad nacional, donde se describe el contexto de seguridad sobre riesgos y amenazas, mencionando el terrorismo y situaciones en aeropuertos, destacando la importancia estratégica del sector aeronáutico.
El juez a cargo del caso, Manuel García Castellón, cifra en al menos 299 los heridos y lesionados a consecuencia de los graves disturbios promovidos por Tsunami Democràtic en Cataluña durante el otoño de 2019. Este caso va de la mano con el intento de sacar adelante la ley de amnistía, una situación donde unos gobiernan y otros se benefician.
