El terrorismo, con su capacidad para matar, coartar y violentar, representa una amenaza que socava los fundamentos de la sociedad. Sin embargo, para el gobierno de Pedro Sánchez, la definición de terrorismo parece sufrir una peculiar metamorfosis. En su visión, el terrorismo no merece tal calificación a menos que viole de manera grave los derechos humanos. En otras palabras, si un terrorista comete un atentado, pero aparentemente no tenía la intención de hacerlo, se desliza hacia una nueva categoría conceptual: el «terrorismo bueno» o «terrorismo light», según algunos lo han denominado recientemente.
Este enfoque, lejos de ser más que un juego dialéctico, constituye una redefinición de la realidad con el objetivo de ocultarla y, en última instancia, una falacia argumentativa. Según la definición del derecho de la Unión Europea, el terrorismo implica la grave intimidación de una población, la indebida coacción de los poderes públicos o de una organización internacional, así como la desestabilización o destrucción de las estructuras fundamentales de un país u organización.
Es curioso observar cómo, hasta hace poco, el terrorismo era considerado una «línea roja» infranqueable para el Partido Socialista, según declaraciones anteriores. No obstante, en un enésimo cambio de opinión, y ante la necesidad de gobernar, se vislumbra una amnistía para los terroristas callejeros que protagonizaron disturbios entre 2017 y 2019. Aquellos que incendiaron calles, bloquearon carreteras, agredieron a agentes, o incluso perturbaron la normalidad en el aeropuerto del Prat.
Este nuevo matiz, denominado «terrorismo respetuoso con los Derechos Humanos», representa una concesión del Partido Socialista ante las circunstancias políticas, marcando un precedente que cuestiona las líneas rojas que alguna vez afirmaron no estarían dispuestos a traspasar en sus enmiendas a la ley de amnistía acordada con otras fuerzas políticas.
