La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en una urbanización de Alicante continua creciendo. Hasta ahora, se conocía que un funcionario de la Generalitat había dado luz verde para que uno de esos pisos fuera para su esposa sin tener en cuenta ni sus bienes ni su unidad familiar, alegando que se encontraban en separación de bienes. Ahora, la Generalitat ha tenido constancia de más irregularidades de este tipo en la misma urbanización. Aseguran que los expedientes, cuando los solicitantes informan estar en separación de bienes, se debe tener en cuenta la unidad familiar, con independencia del régimen económico del matrimonio.
