Hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Nunca antes el máximo responsable del Ministerio Público, el garante de la legalidad, se había sentado en el banquillo de los acusados. Y sin embargo, aquí estamos. El magistrado Ángel Luis Hurtado considera que existen indicios suficientes de que García Ortiz filtró a un medio de comunicación un correo confidencial entre el abogado de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso) y la Fiscalía. Una filtración con un objetivo claro: “ganar el relato”. Es decir, inclinar la balanza mediática a favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en contra de Díaz Ayuso.
El juez describe un frenético intercambio de mensajes en el que el fiscal general pidió expresamente que le reenviaran la documentación reservada a su cuenta personal. Apenas dos horas después, el contenido ya estaba publicado en prensa. Una maniobra que, según el Supremo, dañó la reputación de un ciudadano, comprometió la relación de confianza entre abogado y fiscal y erosionó el prestigio de toda la Fiscalía. La decisión judicial es clara: se abre juicio oral y se impone al fiscal general una fianza de 150.000 euros, con el aviso de embargo si no se paga en cinco días. La Sala de lo Penal será ahora quien juzgue los hechos. Y lo hará con una pregunta de fondo: ¿cómo es posible que el garante de la legalidad haya terminado acusado de violarla?
Mientras tanto, otro frente judicial se abre muy cerca del presidente del Gobierno. Begoña Gómez, su esposa, está llamada a declarar en estos momentos como investigada por presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que se ha acogido a su derecho a no declarar.
