Pedro Sánchez se abre ahora a una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para reducir los procesos en los que los independentistas están encausados. Eso mientras el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, niega ahora que haya habido algún tipo de presión por parte del fiscal general García Ortiz para cambiar de criterio en sus informes sobre si Puigdemont debe o no ser procesado por terrorismo. Ahora el propio gabinete de prensa de la Fiscalía deja en evidencia al fiscal general admitiendo que conocía ambos documentos, tanto el que estaba a favor como en contra de la decisión del juez García Castellón
