El Gobierno combina desde finales del año pasado los traslados de inmigrantes irregulares en vuelos chárter con el desplazamiento de estos en aviones del Ejército del Aire. Unos viajes que suponen un enorme gasto para el erario público y que además inciden en el efecto llamada. Sorprende más si cabe cuando la propia ministra de Defensa negaba que las Fuerzas Armadas pudieran ser utilizadas para el control de la inmigración.
