Lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno responde como ya es habitual, intentando arrasar con los contrapesos del Estado de Derecho. Cada paso que dan nos acerca a un escenario límite, una situación institucional sin salida posible si no se frena esta deriva. Lo que está en juego no es un matiz jurídico: es la propia arquitectura democrática del país.
