Funcas calcula que en España hay unas 840.000 personas inmigrantes en situación irregular, la mayoría procedentes de América Latina. El informe coincide con la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, que podría beneficiar hasta al 60% de estos inmigrantes, aunque no implica nacionalidad ni derecho a voto, y genera dudas por la falta de planificación e impacto sobre unos servicios públicos ya saturados.
