David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se ha sentado en el banquillo por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. Su defensa ha pedido la nulidad del juicio al considerar que la investigación se inició de forma “prospectiva” y vulneró sus derechos. También está acusado el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Ambos afrontan peticiones de hasta tres años de cárcel por prevaricación y tráfico de influencias. Tras cuatro horas dedicadas a cuestiones previas, el juicio ha quedado suspendido hasta el lunes.
