Puigdemont está siendo escoltado por los Mossos desde que se marchó de España. Una práctica que no se ajusta a derecho pues pesa sobre él una orden de detención y ya no es un cargo público. Ni el Gobierno de España ni la Generalidad catalana impiden que la fuerza de seguridad pública proteja a un fugado de la Justicia. Argumentan que los agentes lo hacen «en su tiempo libre» en una suerte de «voluntariado».
