La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha impuesto su criterio para evitar que la Fiscalía rebaje la pena al comisionista Víctor de Aldama, pese a que su confesión ha sido clave en varias investigaciones, incluido el caso mascarillas y los presuntos amaños de obra pública. También ha generado malestar en Moncloa por sus declaraciones sobre una supuesta financiación del PSOE y por señalar al presidente del Gobierno. En el informe final del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se mantienen los siete años de prisión (4 por organización criminal y 3 por cohecho) por orden de la Fiscalía, aunque él defiende que debería aplicarse una atenuante por colaboración que permitiría reducir la pena a la mitad. Luzón incluso se plantea expresar públicamente su discrepancia, aunque sin efectos prácticos.
