Dos días después de ser condenado por un delito de revelación de secretos, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su dimisión, alegando respeto a la justicia y fidelidad a la institución. Mientras tanto, el Gobierno se limita a elogiarlo sin reconocer responsabilidades, y la vicepresidenta Yolanda Díaz denuncia vulneraciones de la separación de poderes y llama a la movilización ciudadana.
La condena de dos años de inhabilitación, multa e indemnización, ha provocado una concentración liderada por el magistrado condenado Baltasar Garzón y su mujer Dolores Delgado.
