Una comisión del 2% por cada obra pública amañada. Ese es el precio que, según la Guardia Civil, habría impuesto una red presuntamente vinculada a dirigentes del PSOE para manipular adjudicaciones en toda España. La UCO sitúa a Santos Cerdán, en la cúspide de este entramado. Los investigadores describen un sistema que dependía del control institucional: si el PSOE perdía poder, la red perdía negocio. De hecho, según El Confidencial, los responsables de la trama temieron que los socialistas no lograran acuerdos de gobierno con el PNV, lo que podía poner en riesgo su capacidad de influir en las licitaciones.
