El primer ministro británico Keir Starmer ha dado luz verde a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad del Reino Unido para interceptar y confiscar buques de la flota clandestina rusa que operen en aguas territoriales británicas. La medida, anunciada el 25 de marzo, representa una escalada significativa en la presión occidental sobre Moscú y busca privar a Rusia de los ingresos petroleros que financian su guerra en Ucrania.
Según el comunicado oficial, el objetivo inmediato es cerrar el Canal de la Mancha y el resto de aguas británicas a los buques sancionados. Los propietarios de estas embarcaciones se enfrentarán a un dilema costoso: tomar rutas alternativas mucho más largas o arriesgarse a ser detenidos por la Marina Real. Tras la interceptación de un buque, las autoridades podrán abrir procedimientos penales contra propietarios, operadores y tripulantes por incumplimiento de la legislación británica en materia de sanciones.
El gobierno subrayó que cada operación de intercepción se evaluará de forma individual, con el asesoramiento de expertos del sector marítimo antes de cualquier actuación.
Starmer fue directo al explicar la decisión: Putin, señaló, especula con los conflictos en Oriente Medio para beneficiarse de los altos precios del petróleo, y esos beneficios sostienen su campaña militar en Ucrania. ;Él y sus secuaces no deben dudar de que siempre defenderemos nuestra soberanía;, declaró el primer ministro.
Para hacer efectiva esta política, la Marina Real establecerá un nuevo centro de mando desde donde se rastreará y coordinará la respuesta a los buques sospechosos. Además, se desplegarán drones marítimos no tripulados con capacidad para vigilar el Mar del Norte y el Canal de la Mancha a distancias de hasta 800 kilómetros, con el fin de detectar embarcaciones que operen bajo banderas falsas.
Hasta la fecha, el Reino Unido ha sancionado a 544 buques vinculados a la red clandestina rusa y se espera que, con esta nueva infraestructura, la cifra aumente considerablemente.
No obstante, desde la oposición se acusa al primer ministro de que se ésta es una medida oportunista para desviar la atención sobre la patente falta de determinación en apoyar los intereses occidentales en el conflicto con Irán.
