No Hay que ser jurista de reconocido prestigio para reconocer y aceptar que una Ley que no es de aplicación igualitaria para todo el cuerpo sociedad de un país es injusta e inmoral.
No nos acordamos ya que el Gobierno de Pedro Sánchez descartó la amnistía por ser inconstitucional, y que consideraban que otorgar una amnistía era “suprimir el poder judicial”.
La entonces vicepresidenta Carmen Calvo, hoy nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez como Presidenta del Consejo de Estado, rechazaba tajantemente la medida de amnistía en el Senado el 21 de abril de 2021, argumentando que no cabía en nuestra Constitución. ¿Habrá cambiado de criterio al ser nombrada presidenta del Consejo de Estado? Hoy seguro que nos dirá que sí cabe la amnistía en la Constitución. Uno de los requisitos exigibles para ocupar dicho cargo es ser un Jurista de reconocido prestigio, pero como diría “el otro” se adapta a quien la paga.
Todos los ministros de este Gobierno se pronunciaban en el sentido de que “la amnistía no cabe en nuestra Constitución”, y los prestigiosos letrados del Congreso avisaron que una ley de amnistía es plenamente inconstitucional.
Pero llega Puigdemont y le exige a Sánchez una amnistía “completa” dándole sus 7 votos para ser investido presidente del Gobierno, y entonces todos “cambian de opinión”. Nos encontramos que tenemos un Gobierno que hoy dice una cosa y mañana otra, sin importarle la Ley, ni el derecho a la igualdad del que debemos gozar todos los ciudadanos. Esta amnistía, si consiguen que salga, será reconocida popularmente como la “amnistía de los siete votos”.
Pedro Sánchez, sin movérsele ni un músculo, nos dice: “No miento, es que cambio de opinión”, y no solo en el caso sobre la amnistía. Por lo tanto, sus ministros, con todo el derecho del mundo, al menos con el mismo derecho que su Presidente, cambian cuando haga falta de opinión al ritmo que les marca el jefe, todos dicen que lo hacen por una noble causa, en beneficio de España y para facilitar un gobierno “social y de progreso”, no un gobierno de la ultraderecha PP-VOX, así que conformémonos y no les critiquemos, póngameles unas estatuas para que perduren en el recuerdo.
De repente la sociedad se mueve en contra de la amnistía, al considerarla que aparte de no estar prevista en nuestra Constitución “es indigna” al ser promovida por aquellos que se beneficiaran de ella, al ser el “pago” que hace el gobierno para la compra de los siete votos de Puigdemont, para gobernar y mantenerse en el poder. La indignidad no puede ser más grande.
Un importante grupo de reputados juristas y expertos españoles, presentan un libro contra la amnistía ante la Comisión de Venecia que nos vienen a decir lo que ya es aceptado popularmente por todos los españoles de bien y cumplidores de la Ley. Se mire como se mire, la amnistía incumple la Constitución; así lo ha resumido Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, que considera que la tramitación de esta ley supone un “salto cualitativo en la degradación de la democracia y sus instituciones”.
El ministro de los chistes fáciles nos vino a decir con toda la cara, esta “ley no se habría tramitado de no haber necesitado los votos de Puigdemont para la investidura”.
En un Estado de Derecho el fin no justifica los medios, pero es que en este caso el fin ni siquiera servirá para recuperar la concordia en Cataluña, el fin es una amnistía por conseguir siete votos para gobernar. Esta amnistía “no persigue intereses generales, sino solo particulares”.
Amnistiar a quienes subvirtieron el orden constitucional y han reiterado que volverán a hacerlo es un salto excesivamente grave. No son los políticos ni el gobierno quienes deben calificar que es o qué no es terrorismos, son los Jueces, en exclusiva, como establecen las Leyes.