Tras un verano tórrido, en el que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, por momentos, parecían encuestas del CIS por su grado de acierto, vuelve el curso político. Esta afirmación, aparentemente inocua, ya es por sí misma toda una declaración de intenciones sobre la política española. Se ha asumido, entre tanta insustancialidad, que agosto es mes inhábil, incluso para quienes ostentan la responsabilidad de dirigir intereses colectivos. La incontinencia de fotografías en redes sociales de las vacaciones estivales de algunos, más allá de la indigestión del narcisismo que profesan, delata el pírrico nivel de estos. Si un Presidente como Sánchez, bajo la estelada del tacón de Illa, ha decidido trasladar el “proces catalán” a Madrid, para convertirlo en una suerte de “proceso español”, de suyo es que, con independencia de la solana de gran parte de los españoles, sus representes políticos suspendieran sus vacaciones para someterle, al menos, a una presión constante. Pues no, vacaciones en el mar o en la montaña, y cuatro tristes mensajes en redes sociales.
Con el compromiso del PSC de modificar el régimen de financiación con Cataluña a través de un modelo bilateral de relaciones financieras, equivalente al concierto vasco y al convenio navarro, es evidente que se avanza hacia un régimen imprevisto de relaciones, que los más sagaces en el verbo socialista llamarán federalismo, sea realmente lo que sea el federalismo. Por cierto, fue Pérez Rubalcaba quien en la Declaración de Granada de 2013 propuso un nuevo marco constitucional de corte federal, de modo que los socialistas, a estas alturas, no engañan a nadie. Al menos, ellos lo tienen claro, aunque no nos guste. Y si avanzan a través de esas costuras constituyentes, siempre podrán decir que ya lo habían proclamado. Sánchez, en su programa electoral para 2023 era más cauto que Pérez Rubalcaba, puesto que solo incluía la necesidad de “incluir el principio de lealtad federal”.
Es un error de bulto nuevamente entrar en el juego del neolenguaje socialista, porque cualquier mutación, real o no, del modelo responde a una imperiosa necesidad de oportunidad. A decir verdad, el PSOE nunca ha precisado con exactitud en qué consiste esa transfiguración del modelo territorial del 78, entre otras cosas, porque ni ellos mismos lo saben. Mutan en función de las imposiciones de los socios, y a partir de allí, hacen de la necesidad, virtud, y proclaman que eso es el federalismo.
Pues bien, entre las mareas argumentales de la desigualdad de la propuesta de Illa, de la discriminación interterritorial o de la corrosión de la solidaridad a demanda, hay que dejar claras tres cuestiones para evitar que nadie se haga trampas en el solitario:
1.La asimetría en el modelo orgánico y de relaciones financieras con las Comunidades Autónomas está prevista en la misma Constitución, que reconoce excepcionalmente el régimen de concierto y convenio con País Vasco y Navarra respectivamente. Esta es una de las tres desigualdades que, paradójicamente, se prevén en una norma que proclama el principio de igualdad como una de las claves de bóveda de la democracia liberal en España. Las otras dos desigualdades protoconstitucionales son el mantenimiento de la ley sálica en el orden sucesorio de la Corona a favor del primogénito varón y la última reforma del artículo 49 de la Constitución, sobre la protección a la discapacidad en España, que regula una sobreprotección sobre las mujeres. Si la desigualdad intraconstitucional de los modelos de concierto y convenio, y del orden de sucesión, tienen un origen histórico, que se ha presentado como fuente de legitimidad de las normas, la reforma del artículo 49 de la Constitución es más preocupante, porque no tenía siquiera ese fundamento originario.
Si, por un momento efímero, nos colocamos en la mente de un nacionalista catalán, no le faltarían argumentos de lógica rudimentaria, para sostener que si el régimen fiscal de País Vasco y Navarra se justificó por razones históricas, durante dos siglos e incluso durante el franquismo, existen razones sobrevenidas para justificar, por identidad, que el modelo se extienda también a Cataluña. Se le podrá objetar que no tiene cabida constitucional, ni en la Constitución ni en la LOFCA, como bloque de constitucionalidad, pero contraargumentarán que cada momento histórico tiene su afán, y que ahora se está en presencia de una nueva etapa histórica.
Porque, si algo era evidente es que, transcurridos los años, donde el autonomismo sentimental ha erosionado el vínculo con el Estado, Comunidades Autónomas como Cataluña aspirarían al modelo vasco y navarro. Era tan obvio, que únicamente la política mezquina del corto plazo y de la legislatura que me toca vivir, impedían que nadie, con tres dedos de frente, asumiera que este reto iba a llegar.
2.Por otro lado, el bilateralismo está presente en todas las reformas de los Estatutos de Autonomía, superando los márgenes de los instrumentos colaborativos previstos en la LOFCA. Es más, ha sido y es una aspiración de muchas Comunidades Autónomas, con independencia de quien las gobernase. Desde que se asumió impulsivamente por parte de algunas fuerzas políticas, que solo cabía asentarse en el territorio a través de una competición sobre quién ganaba más dinero para su propia Comunidad, entre el victimismo reaccionario y oportuno, la deriva que tomó el modelo fue insostenible.
Si a eso añadimos los Estatutos de autonomía que han reconocido deudas históricas a abonar por el Estado o déficits de ejecución de infraestructuras, en esa tómbola de quién da más basada en una concepción bisoña y parva del regionalismo, perdía el todo nacional. Hay una perversión crónica sobre la forma de entender la política basada en la irresponsabilidad emocional que es contraria al bien común. El bien común se trocea y deja de ser bien común para convertirse en una partida de parchís.
3.Nunca se han aprobado en España modelos de financiación autonómica y local en etapas de caída de recaudación tributaria. Hay un dogma de oportunidad no escrito y es que solo se puede transformar el modelo si cada Comunidad Autónoma vende en su territorio que ha conseguido una senda de ingresos fiscales superior a la que tenía. Para eso, todos tienen que ser ganadores. Nadie puede perder, y para ello, hay que formular el nuevo modelo en etapas de crecimiento de recaudación tributaria. Por consiguiente, hay un incentivo perverso al cambio de modelo sobre la base de unos ingresos fiscales récord y, por ende, de un gasto público también récord, una de las grandes anomalías intelectuales y políticas de este país.
De hecho, el gasto público ha crecido en todas las Comunidades Autónomas a costa de las aportaciones que hace el Estado a través de la participación en ingresos del Estado. Y no es un gasto contingente, sino que es un gasto estructural. No deja de ser preocupante que nadie diga nada sobre este fenómeno de consolidación del gasto público, porque, si desde la vertiente del ejercicio político rige la premisa de la ilusión fiscal, desde la academia o desde la prensa especializada no se dice absolutamente nada.
Por fin, una reflexión de alcance político. Mientras los efectos singulares de la Ley de amnistía serán irrevocables, y los beneficiarios de la norma habrán visto condonar sus responsabilidades penales de modo inapelable, en el caso de la reforma financiera, de declararse constitucional, sí que cabe la reversión normativa, cuando llegue el momento de gobernar. Es evidente que esa reversión tendrá efectos sociopolíticos pero, por coherencia argumental, no quedará otro remedio que emprenderla. Así de claro, así de sencillo.