La acusación popular encabezada por la asociación Hazte Oír ha presentado su escrito de acusación formal de cara al próximo juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. La acusación rebaja su petición inicial a 13 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, al tiempo que exige la comparecencia testifical del propio presidente del Ejecutivo en la vista oral.
Para la asesora presidencial Cristina Álvarez, la acusación solicita seis años de cárcel como cooperadora necesaria del delito de malversación, al considerar probado su papel en las gestiones de apoyo a las actividades privadas y profesionales de Gómez desde el complejo institucional de La Moncloa.
Ajuste de penas tras el criterio de la Audiencia Provincial
El reajuste en la petición de penas —que en un principio alcanzaba los 24 años para Begoña Gómez y 22 para su asesora— responde al requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado emplazó a las partes a adecuar sus escritos tras haber acordado la Audiencia Provincial de Madrid el archivo de las líneas relativas a los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia madrileña mantuvieron cercada la operativa de la esposa del presidente al subrayar en sus resoluciones que resulta «perfectamente verosímil» que Begoña Gómez utilizara el «influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno» no solo para lograr la concesión y financiación de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, sino para hacerlo de forma exprés y al margen de los controles ordinarios.
La Moncloa como centro de operaciones del proyecto privado
Uno de los puntos clave del escrito presentado por la acusación popular es la solicitud formal de declaración de Pedro Sánchez como testigo ante el tribunal del jurado. La acusación argumenta que la comparecencia del jefe del Ejecutivo es indispensable dada su estrecha vinculación con la acusada y el uso continuado de La Moncloa como «ámbito relacional y de desarrollo del proyecto» objeto de la investigación judicial.
Con este escrito, la causa entra en su fase decisiva de cara al señalamiento del juicio oral, acorralando judicialmente al entorno más íntimo del presidente del Gobierno por el presunto desvío de recursos públicos y el uso de la institución presidencial en beneficio personal.