El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no comparecer ante el juez Juan Peinado, quien investiga las actividades empresariales de Begoña Gómez, su esposa. El caso está relacionado con presuntas irregularidades en varios contratos adjudicados a empresas vinculadas a Gómez.
Fuentes cercanas al presidente han señalado que Sánchez ha decidido acogerse a su derecho a no declarar en este proceso, asegurando que la investigación debe centrarse exclusivamente en las actividades empresariales de su esposa, sin mezclar su posición política con el caso judicial. A pesar de la negativa a declarar, el entorno del presidente sostiene que él y su esposa han actuado en todo momento con transparencia y conforme a la ley.
El juez Peinado había citado a Sánchez para aclarar ciertas transacciones financieras y la naturaleza de los negocios de Gómez, con el fin de determinar si hubo algún tipo de conflicto de interés o tráfico de influencias, dadas las conexiones empresariales que podrían involucrar fondos públicos.
El caso ha generado una fuerte controversia política, con la oposición pidiendo explicaciones y transparencia por parte del presidente. La decisión de Sánchez de no testificar ha sido criticada por sus oponentes, quienes consideran que el jefe de gobierno debe rendir cuentas ante la justicia, mientras que los defensores del presidente argumentan que este es un intento de desviar la atención pública hacia asuntos privados con intenciones políticas.
La defensa de Gómez ha declarado que su cliente está dispuesta a colaborar plenamente con la investigación y ha afirmado que las acusaciones carecen de fundamento. Además, han manifestado que la negativa de Sánchez a declarar no debe interpretarse como una falta de cooperación, sino como un paso para garantizar la imparcialidad del proceso judicial.
La situación ha avivado el debate sobre la relación entre la vida privada de los políticos y sus responsabilidades públicas, planteando cuestiones sobre la ética y la transparencia en la administración del gobierno. El juez Peinado continuará la investigación, buscando esclarecer cualquier vínculo irregular entre las actividades empresariales de Begoña Gómez y el gobierno actual.