El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), una de las mayores tragedias de la alta velocidad en España. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado que Sánchez comparezca también en el Senado, como venía exigiendo el Partido Popular.
La comparecencia en la Cámara Baja se producirá en un pleno monográfico centrado en la seguridad ferroviaria y en la gestión del siniestro, que ha dejado decenas de víctimas mortales y heridos. Desde el Gobierno se argumenta que el Congreso es la sede natural del control al Ejecutivo, mientras que el PP considera insuficiente esta explicación y acusa a Sánchez de eludir el control de una Cámara donde el PSOE no tiene mayoría.
El rechazo al Senado reaviva el choque político
El PP había reclamado que el presidente acudiera también al Senado de España, donde la formación cuenta con mayoría absoluta, para ofrecer explicaciones detalladas sobre las causas del accidente, el estado de las infraestructuras ferroviarias y las posibles responsabilidades políticas. La negativa del Ejecutivo ha sido interpretada por los populares como una maniobra para limitar el alcance del debate parlamentario.
Desde el Gobierno insisten en que Sánchez responderá a todas las preguntas en el Congreso y subrayan que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha comparecido en varias ocasiones para informar sobre la evolución de la investigación y las actuaciones adoptadas tras el siniestro.
Un contexto de presión creciente
La comparecencia llega en un momento de creciente presión política y social, con investigaciones abiertas por parte de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y con nuevas informaciones técnicas que apuntan a posibles deficiencias en la infraestructura de la vía en Adamuz.
La oposición reclama que Sánchez asuma responsabilidades políticas y ofrezca explicaciones claras sobre la gestión de Adif y del Ministerio de Transportes, mientras el Ejecutivo defiende que debe esperarse a las conclusiones definitivas de las investigaciones antes de extraer responsabilidades.
El debate del 11 de febrero en el Congreso se perfila así como una cita clave para medir el desgaste político del Gobierno tras la tragedia de Adamuz y para evaluar si las explicaciones ofrecidas logran frenar la polémica o, por el contrario, intensifican el enfrentamiento parlamentario.