La iniciativa, rechazada por un estrecho margen hace apenas unos meses, volverá a votarse tras un procedimiento de urgencia impulsado en el Parlamento Europeo. Mientras sus defensores sostienen que es una herramienta necesaria para combatir este tipo de delitos, expertos en privacidad y ciberseguridad advierten que podría debilitar el cifrado de extremo a extremo y abrir la puerta a una vigilancia masiva de las comunicaciones digitales.
