La comisión de investigación sobre el caso de las mascarillas ha analizado los contratos millonarios firmados durante la pandemia por el Gobierno de Canarias, poniendo el foco en operaciones que generaron dudas sobre los controles y los pagos realizados. Galván sostiene que la situación de emergencia sanitaria no eliminaba la obligación de garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso del dinero público. El dictamen, aprobado por un voto más a favor, exigirá responsabilidades a Ángel Víctor Torres.
