Teresa Peramato, habría dado instrucciones al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que no contemple una posible rebaja de la pena a Víctor de Aldama. Aunque Luzón ha negado haber recibido tales órdenes, diversas fuentes apuntan a la existencia de directrices contrarias a cualquier beneficio derivado de la colaboración con la justicia. El informe final, será determinante para confirmar si se respeta o no el eventual acuerdo con Aldama. De no cumplirse, podría tener consecuencias relevantes para la credibilidad y aplicación de la figura del “arrepentido” en el sistema judicial español. Por otro lado, el malestar del Gobierno con Luzón se estaría reflejando en medios de comunicación afines y en la televisión pública, donde se le reprocha haber actuado sin coordinación con el anterior fiscal general, quien fue condenado por la difusión de datos de un contribuyente.
