La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha solicitado al Tribunal Supremo que procese al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador y por prevaricación administrativa. Basan su petición en lo que califican como una “abrumadora prueba”: el borrado de información del teléfono móvil de García Ortiz, afirmando que “nadie borra su inocencia”. Además, la asociación propone dos diligencias finales para cerrar el círculo contra el fiscal general: que la UCO verifique si en su teléfono aparecen determinados números de interés, y que el magistrado requiera a la jefa de Inspección los tres expedientes de dación de cuenta relacionados con González Amador.
