Pedro Sánchez ha anunciado este martes lo que califica como la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia: 6 mil 200 millones de euros adicionales repartidos entre 2026 y 2027. El Consejo de Ministros aprueba un real decreto-ley que eleva la aportación del Estado a las comunidades autónomas por cada persona con grado de dependencia reconocido. Las subidas son significativas sobre el papel: el grado 3 pasa de 290 a 660 euros mensuales, el grado 2 de 130 a 260, y el grado I de 76 a 90. Todo muy bien. Salvo por un detalle que el presidente prefiere no subrayar: lo anuncia un día después de que el Tribunal Supremo haya condenado a José Luis Ábalos, su exministro de Transportes, su mano derecha, su número 2 en el PSOE, a 24 años de cárcel por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La pregunta que cabe hacerse es si esta medida llega por convicción política o por urgencia mediática.
