ADVERTIDO POR EL TC

Así justificó el director de TV3 a la juez por qué mantuvo la publicidad del 1-O

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El director de TVC (que incluye a TV3), Vicent Sanchis, argumentó ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, que pensó que el requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 1-O no incluía dejar de emitir el anuncio de la Generalitat y que se mantuvo ya que nunca le llegó ninguna orden expresa sobre retirarlo.

En su declaración como investigado por presunta desobediencia en este juzgado, realizada el pasada viernes 1 de marzo y a la que ha tenido acceso Europa Press, Sanchis indicó que no consideró que este requerimiento le instara a dejar de emitir los anuncios, que a su entender eran informativos: «Aquel anuncio lo ponía el Govern, daba una información sobre lo que estaba pasando y lo valoré así».

Explicó que fue notificado por el TC el 12 de septiembre de 2017 de su deber de evitar realizar cualquier acción tendente a promover el 1-O, y que era un texto «absolutamente ambiguo» o genérico, y entendió que se refería únicamente a trámites administrativos, pero no al contenido informativo del canal.

«Esta notificación llega el día 12 cuando llevábamos dos tandas de anuncios –del 4 al 6 de septiembre, y del 7 al 12– y no se hacía ninguna referencia explícita ni concreta. Pensé que no tenían nada que ver con ello porque, si no, lo habrían concretado», argumentó.

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«Si alguien no tenía mi impresión ni mi interpretación de que esto no era información, si me lo hubieran dicho, me hubiera planteado qué hacer, pero no llegó ningún requerimiento sobre estos hechos concretos», abundó.

Asimismo, resaltó: «Como no llegó ninguna requisitoria ni nueva orden que concretara exactamente que aquello no se podía hacer, ni se me ocurrió».

Sanchis también explicó que los anuncios publicitarios, institucionales o privados, no dependían de él sino de las áreas específicas de publicidad y marketing.

En la misma línea, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, se desmarcó de las decisiones sobre publicidad porque dependen de la dirección corporativa de marketing, y aseguró que ni él ni nadie de su equipo sabe cómo se gestionar el programa de la publicidad que se inserta ni tiene capacidad técnica para incidir en la parrilla de publicidad.

«No tengo ni el poder ni la capacidad de unilateralmente decidir que una campaña, y menos institucional, se deje de emitir. Hay una dirección corporativa que toma la decisión», precisó.

El viernes también estaba citada la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), Maria Àngels Barbarà, como investigada por presunta desobediencia por no «ejercer las funciones inherentes a su cargo» ante denuncias de particulares sobre uso indebido de sus datos personales.

En la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Barbarà explicó que en 2017 hicieron una auditoría por denuncias recibidas poco después de las declaraciones del exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes.

Detalló que terminaron detectando cuatro infracciones que no tenían relación «con nada del censo», sino que eran incumplimientos de las normas de protección de datos, por las que se impusieron sanciones y se cerraron estos expedientes.

En septiembre de 2017, también recibieron denuncias relacionadas con el referéndum –la primera el día 18 procedente de la Agencia Española de Protección de Datos– pero no hicieron inspecciones porque los agentes de la Guardia Civil ya estaban actuando por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

«No podíamos inmovilizar nada en aquel momento porque nos podrían haber acusado de obstrucción a la justicia», argumentó ante la juez el pasado viernes, y también indicó que se dirigieron a Fiscalía Superior de Cataluña porque había informaciones que señalaban que otros juzgados también estaban investigando.

En las semanas siguientes, también contactaron con el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que en enero de 2018 les indicó que no hicieran nada hasta que la causa judicial se resolviera, aunque desde septiembre de 2017 mantuvieron «en suspenso a la espera de respuestas» sus procedimientos.