ASÍ 'INFORMAN' LOS MEDIOS PÚBLICOS

Corporación Catalana de Medios, el gigante audiovisual del separatismo

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El pasado 6 de marzo el Parlamento Europeo acogió la conferencia ‘Cataluña, una región española‘. Una iniciativa del grupo ECR -conservadores y reformistas- que tenía como objetivo trasladar a los eurodiputados la verdadera realidad de Cataluña, alejada de la versión propagandística ‘vendida’ por el separatismo catalán.

Junto al ponente principal -el secretario general de VOX, Javier Ortega-Smith– se sentaban en el escenario la representante de VOX Baleares Malena Contestí, el historiador Jesús Lainz, el representante de VOX Barcelona Jorge Buxadé y la periodista Rosa Cuervas-Mons, directora editorial en Intereconomía, que repasó el papel de los medios de comunicación en el auge del separatismo.

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Así, se explicó que en los días previos al 20 de octubre de 2017, es decir, en los días previos a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, el debate mantenido entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, se centró en buena parte en una cuestión: los medios de comunicación.

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¿Por qué? Porque los medios de comunicación en Cataluña -algunos medios de comunicación- representan uno de los pilares que han permitido y permiten mantener viva la versión falseada de la historia de España y de la realidad político-territorial de Cataluña y el resto de España.

La Corporación Catalana de Medios de Comunicación, que comprende TV3 y Cataluña Radio, recibe un presupuesto anual millonario: tiene más de 2200 trabajadores y recibe más de 307 millones de euros. Para valorar la dimensión de esta cifra basta con saber que Castilla y León -la Comunidad Autónoma más extensa- no tiene una radio televisión pública como tal, sino una concesión privada que recibe entre 18 y 25 millones de euros anuales en forma de subvención y que Andalucía -la Comunidad Autónoma más poblada- destina a su radio televisión pública un presupuesto anual de 162 millones de euros y cuenta con 1460 trabajadores.

Otro dato: el presupuesto anual de la Casa Real española es de poco más de 7 millones de euros. El de Radio Televisión Catalana, recordamos, de 307 millones. Es fácil imaginar el poder que otorga una televisión de esta envergadura.

¿A cambio de este dinero, qué hacen -o que deberían hacer estos grupos de comunicación, las televisiones autonómicas?

Según la Ley General de Comunicación Audiovisual los medios de comunicación, sobre todo los que representan un servicio público, “nunca podrán incitar al odio o a la discriminación” y deben ser “respetuosos con la dignidad humana y los valores constitucionales”.

Según la regulación de la propia Comunidad Autónoma de Cataluña, la radio televisión pública catalana debe garantizar “la calidad informativa, el pluralismo, el acceso universal a la información con una información ‘amplia, veraz, contrastada, imparcial, rigurosa y territorialmente equilibrada y precisa sobre las cuestiones de actualidad que afectan a la Comunidad”. ¿Esto ocurre en TV3? Veamos algunos ejemplos:

Un reportero de TV3 subido a un coche de la Guardia Civil durante el asedio separatista a la Consejería de Economía (septiembre 2017); la emisión del anuncio para participar en el referéndum que el Constitucional había pedido que no se difundiera; el escritor Jair Domínguez disparando al rey al grito de ‘la violencia es la última opción. La última, pero es una opción’; la presentación del terrorista Carles Sastre como un preso político…. ¿Objetivo? ¿Riguroso?

TV3 está presidida por Vicent Sanchis, un hombre unido al movimiento independentista desde hace años y vicepresidente de Òmnium Cultural y director de El Temps, semanario de tendencia secesionista catalán. Cuatro días después de la declaración de independencia afirmó sentirse comprometido por la legalidad catalana: “Para el presidente de la televisión catalana la legalidad es la que emana del parlamento catalán”.

Esta es la realidad con la que crecen y en la que viven cientos de miles de personas en Cataluña. Y parece evidente que no es una realidad plural, ni imparcial ni veraz. De ahí que muchos políticos y no pocos ciudadanos consideren que excluir a TV3 al aplicar el 155 fue un error. Más allá, partidos como VOX consideran que la radio televisión pública catalana y la educación son dos de las competencias que debería asumir el Gobierno central si se quiere poner fin al movimiento separatista en Cataluña.

Así las cosas, no parece descabellado afirmar que si de los medios públicos dependiera, el ciudadano español residente en Cataluña tendría muy complicado informarse con veracidad. Y eso es, sin duda, incumplir la condición principal que los convierte en merecedores del dinero de todos los españoles.

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