SIGUIENDO LAS ÓRDENES DE LA JEC

El Defensor del Pueblo catalán recomienda a Torra que retire los lazos amarillos

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Dice que no se siente utilizado y que Torra sabía desde el viernes que recomendaba quitar los símbolos pero le pidió aclaraciones.

El Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, ha recomendado este miércoles al presidente de la Generalidd, Quim Torra, que acate el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) y retire los lazos y las ‘esteladas’ de los edificios públicos de su titularidad durante el periodo electoral, que contempla desde que se convocan hasta que se celebran las elecciones.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa, acompañado de su adjunto, Jaume Saura, después de que Torra registrara el lunes en el órgano una petición para aclarar qué debía hacer el Govern, una decisión que se comprometieron a acatar.

Hasta este miércoles el lazo amarillo se ha mantenido en la fachada del Palacio de la Generalidad pese a la petición de la JEC, algo que en caso de incumplirse puede derivar en una sanción administrativa e incluso en un procedimiento judicial por desobediencia.

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Tras el requerimiento inicial de la JEC, el viernes pasado el Defensor del Pueblo trasladó al Ejecutivo catalán una resolución, en base a otra del 17 de septiembre de 2018, que concluía que debía mantenerse el pleno respeto a la libertad de expresión de todo el mundo, lo que incluye la exhibición de todo tipo de símbolos democráticos antes, durante y después de las campañas electorales, pero que no deben exhibirse en edificios públicos durante el periodo electoral.

Así se lo trasladó por teléfono y en persona a Torra el mismo viernes, que «de inmediato» le pidió aclaraciones sobre algunas cuestiones de dicha resolución, por lo que el lunes el presidente de la Generalidad presentó en el registro un escrito preguntando a qué edificios de titularidad pública afectaba el documento, si debían retirarse los símbolos puestos por los funcionarios y a qué se refería cuando se habla de periodo electoral.

Ante la demanda de estas aclaraciones, el mismo Ribó decidió no divulgar la resolución adoptada por si las aclaraciones posteriores pudieran cambiar parte del texto, y ha sido el mediodía de este miércoles cuando ha hablado de nuevo con Torra reafirmándole la posición de la resolución de septiembre de 2018.

«Fuera del periodo electoral y tras el periodo electoral, todo el mundo, también las autoridades públicas, deben tener la libertad de colgar esta simbología, pero durante el periodo electoral las autoridades públicas deben abstenerse de ello», ha sostenido.

Dejando claro que las resoluciones del Defensor del Pueblo no son vinculantes, ha explicado también que los funcionarios y, en general, todo el personal de la Administración, deben tener garantizado el derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, pero que la Administración puede circunscribirlo «en determinados espacios en el interior de las dependencias para garantizar la coexistencia de este derecho» con el derecho de la ciudadanía a tener una administración neutral.