TRIBUNA

Hacia un callejón sin salida

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Es necesario advertir los detalles tras los cuales se encuentran las grandes y complejas cuestiones macroeconómicas a las que España hace frente.

Una de las cuestiones más determinantes de la política de un país es el devenir de la economía, su capacidad financiera, riesgos y límites, pero sobre todo la soberanía que como nación tenemos o deberíamos tener sobre su dirección. Pues bien, en esta disciplina es donde resulta crucial desarrollar y comunicar públicamente un agudo sentido de la responsabilidad y de la prudencia, que permita realizar un certero diagnóstico sobre las dificultades de la actual situación económica antes de formular proposiciones para su reforma. Sin conocimiento preciso sobre lo que nos pasa no debería emprenderse acción alguna. Lo contrario es sembrar el terreno para la negligencia y el error. Es por esta razón que resulta determinante identificar e insistir en las vulnerabilidades y riesgos de nuestro modelo social y económico, para poder anticiparse a los potenciales efectos de los numerosos problemas que presenta actualmente y de ese modo evitar que cuando lleguen momentos adversos (que tarde o temprano llegarán), la aplicación de correcciones y ajustes no sean tan forzosos ni tan graves.

Por esta razón, es necesario advertir los detalles tras los cuales se encuentran las grandes y complejas cuestiones macroeconómicas a las que España hace frente, entre las que figura, en lugar prioritario y urgente, la financiación del Estado. En el periodo 2002-2017 el gasto público creció un 88,4% y en 2017 el 50% del dicho gasto se financió con deuda. La deuda pública total en la actualidad asciende a más de un billón de euros aproximadamente, lo que representa el 97% del PIB. El gasto público no se ha sufragado apenas con cargo a impuestos que se cobran a los ciudadanos sino mayormente con cargo a la deuda pública. En consecuencia, esto significa que lo que han hecho sistemáticamente nuestros políticos, a través de los presupuestos de la Administración central y de las diecisiete Autonomías, es desplazar el pago de lo comprado al futuro, trasladando el coste a los jóvenes, a las generaciones siguientes. Una mayoría social ha preferido no enterarse o consentir este rumbo, optando libremente por disfrutar del Estado de Bienestar a crédito, creyendo equivocadamente que las deudas no tendrían fecha de vencimiento, que no serían exigibles o que las pagarían otros. Se ha consentido tácitamente traer riqueza al presente, pero a costa de detraerla a las siguientes generaciones, hipotecando el futuro.

El pretendido “Estado de Bienestar” no será sostenible tal y como está planteado, principalmente por razones demográficas

El panorama político actual refleja un cortoplacismo muy peligroso en cuanto a la valoración de la situación económica que tenemos. No parece haber una decidida voluntad política de reformar las bases financieras y estructurales del Estado, para hacerlo más eficaz y eficiente para la consecución de sus fines. No parece haber una voluntad social (mayoritaria) de hacerlo porque en el fondo no existe una disposición de reconocer sinceramente que los tiempos han cambiado y que, a pesar de los espejismos de algunos indicadores económicos, nada volverá a ser como antes. No volveremos a las épocas doradas de las burbujas y pelotazos inmobiliarios que antaño garantizaban el empuje económico. Tampoco el pretendido “Estado de Bienestar” será sostenible tal y como está planteado, principalmente por razones demográficas. Fiarlo todo al turismo, a la construcción, a la política monetaria de expansión crediticia del BCE, al petróleo barato, a la terciarización de la economía y a la devaluación laboral como instrumento de hacer más competitivas nuestras exportaciones son errores e inercias muy contraproducentes, máxime teniendo en cuenta la desaceleración de la economía europea anunciada por diversos organismos internacionales, como la OCDE y el FMI.

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Un gasto público desbocado, muchas veces justificado mediante el epíteto de lo “social”, en el fondo constituye un mecanismo de extracción de rentas, confiscación y expropiación que desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión, y que simultáneamente cronifica situaciones de exclusión social y dependencia social hacia los poderes públicos. No hay nada más contrario a la dignidad humana que mantener a una persona o a un colectivo sin autonomía privada, dependiente de la ayuda estatal por no tener posibilidades reales de gozar de oportunidades de un sistema abierto, en la que pueda desarrollar sus aptitudes y talentos en colaboración y competencia con los demás. Máxime en un mundo global en el que la tecnología digital nos facilita aprender y cooperar en organizaciones e intercambios de activos, servicios e información. Una ciudadanía prudente y razonable no debería consentir que los políticos y burócratas se hicieran con el control del Estado y lo endeuden peligrosamente para que ellos mismos hagan campaña de beneficencia pública con un maná (prestado al Estado por los mercados financieros) que se transforma en limosnas y dádivas que no son sino compras indirectas de voto a nivel masivo. Es una falsa caridad, torticeramente entendida, y que en definitiva sólo produce pobreza, conformismo e inmovilismo social. La caridad no debe hacerse con dinero ajeno y menos si es con dinero prestado. Es la falsa gratuidad que alimentan los populismos y el síntoma de la corrupción de la democracia. La declaración y reconocimiento de derechos políticos y sociales, o la aprobación de carteras de servicios públicos, no deberían ir nunca aparejadas al sostenimiento y cronificación de situaciones de dependencia y subordinación de sus destinatarios, bajo unos manidos y adulterados principios de subsidiaridad y solidaridad.

El modelo es frágil y podría ser efímero e inviable, desembocando en situaciones de malestar masivo e inseguridad social

Recuperar los principios de responsabilidad y prudencia en la gestión de la vida pública es algo prioritario. Son principios que deben exigirse tanto a uno mismo como a los demás, comenzando por nuestros supuestos representantes políticos. Con sus luces y sombras, España ha construido desde hace ya varias décadas un modelo de seguridad social muy completo, asistencial y garantista, basado en subsidios y ayudas de todo tipo a múltiples colectivos. Sin embargo, debido a la forma en que se ha financiado dicho “bienestar” (maximizando la deuda del Estado), el modelo es frágil y podría ser efímero e inviable, desembocando en situaciones de malestar masivo e inseguridad social. La debilidad de la economía española, a pesar de su crecimiento actual (que es más bien circunstancial), es patente si observamos la baja productividad relativa de nuestra economía y los ingentes desafíos que tenemos por delante, por ejemplo, el alto desempleo que sigue en el 14%, la creciente temporalidad laboral, el alto fracaso y abandono escolar, el alto coste de la electricidad, la poca inversión en I+D+i, la persistente economía sumergida o la baja natalidad. Estos factores son elementos suficientes para que la sociedad deba exigir de forma contundente a nuestros representantes políticos que los aborden con realismo y traten denodadamente de solucionarlos, con proactividad y no con la acostumbrada reactividad que sólo ofrece parches tardíos y atropellados.

Un mínimo cambio en las condiciones internacionales (por ejemplo, por efecto de un posible Brexit sin acuerdo o de un empeoramiento de la guerra comercial entre EEUU y China) podría deslizar a toda nuestra economía por la pendiente cuesta abajo.

En vez de proactividad y realismo lo que tenemos por parte de nuestra clase política, enfrascada en una permanente campaña electoral, son soflamas y entretenimientos vacuos, que en el fondo denotan que no hay la voluntad ni la valentía por su parte de afrontar los esfuerzos y costes de hacer política real y buscar soluciones eficaces con anticipación. Y esto pasa, irremisiblemente, por reformular la estructura administrativa y territorial del Estado y las bases fundamentales del sistema productivo. La raíz de todo este problema proviene de eludir el realismo que debería presidir la acción política. Lo fácil es evadirse con ilusionismos y refugiarse en teorizaciones utópicas y dogmatismos que por su definición son ajenos a la humanidad y materialidad concretas de los espacios y tiempos del mundo económico. Sin realismo ni pragmatismo no puede haber un plan de acción viable. Y cuanto más se tarde en afrontar las reformas económicas que España necesita, eludiendo nuestras responsabilidades como sociedad política, más lamentable será la recesión y posible depresión económica a la que estaremos abocados.

¿Por qué no exigimos en las finanzas públicas lo mismo que hacemos cotidianamente en nuestras economías domésticas? ¿Acaso un particular puede hacer sus compras domésticas dejando a deber de forma sistemática la mitad de lo que consume? ¿Por qué los ciudadanos no exigimos disciplina y rigor en nuestros gestores públicos, puesto que en ello nos va nuestro mismo futuro como país? Si el Estado no se disciplina fiscalmente a tiempo, antes del cambio de ciclo económico, correremos el riesgo de que los actuales desequilibrios financieros traigan consigo una transformación social de imprevisibles consecuencias, principalmente por causa de la disminución de la clase media, que es la que a fin de cuentas garantiza la estabilidad y la paz social en la calle. Esto impactará sin duda en nuestro sistema sociopolítico, agudizándose la desigualdad y las tensiones de todo tipo.

La gestión política actual de las finanzas públicas nos está metiendo en un callejón sin salida, en la que la clase media puede estar a las puertas de entrar en una paulatina fase de extinción por causa de la pérdida de poder adquisitivo a resultas de la precarización, de la falta de incentivos para la modernización de las empresas y mercados y de las subidas tributarias que serán necesarias aplicar para aminorar el grave y temerario descuadre provocado por el endeudamiento del sector público. Nada de los expresado en este artículo tiene pretensión de salirse de un marco básico de lógica común: si no se modifica el rumbo a tiempo y a un coste colectivo asumible, habrá serios problemas sociales para todos, pero sobre todo para los que hoy mismo ya están en situación de vulnerabilidad o muy próxima a ella. La convulsión pasará de los hogares a las calles cuando una mayoría crítica de la población perciba y conozca de primera mano que no sólo nada volverá a ser como antes sino que tendrá que acostumbrarse, por muchísimo tiempo, a un futuro gris con menos recursos y mínimas oportunidades de mejora. La financiación actual del Estado determinará el futuro próximo de la sociedad española y la de su frágil y defectuosa democracia. Estamos aún a tiempo de corregir la dirección y evitar meternos en un callejón sin salida.