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YA NO CUELA

Por qué los diputados deben llevar corbata

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El árbol empieza a morir por la copa, el pez se empieza a pudrir por la cabeza. El verdadero nombre del régimen en el que vivimos es ‘anarcotiranía’

“Desde el compromiso republicano como preso político y por imperativo legal»;»Con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, al pueblo catalán, por la libertad de los presos exiliados y por imperativo legal prometo». Estas han sido algunas de las pintorescas formas de jurar su cargo de los nuevos diputados que la socialista Meritxell Batet, presidente del Congreso, ha considerado “respetuosas con la Constitución”.

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Cualquiera en cualquier tiempo y lugar encontraría esperpéntico y escasamente verosímil que un diputado salido de las urnas en las pasadas generales pueda jurar por el mandato democrático de un referéndum ilegal que, incluso si se admitiera su legitimidad general, no reunió ni de lejos las condiciones mínimas para ser tomado en serio; también es raro que se jure en nombre de un república inexistente para participar en la legislatura de una monarquía.

El árbol empieza a morir por la copa, el pez se empieza a pudrir por la cabeza. El verdadero nombre del régimen en el que vivimos es ‘anarcotiranía’, que se define como aquel en el que unos grupos pueden saltarse las normas sin consecuencias, como si ni siquiera existieran, mientras que al resto se aplica con rigor las reglas más puntillosas, numerosas, intrusivas y abusivas.

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Las ficciones jurídicas, lo he escrito alguna vez, son necesarias. Pretender que el común se gobierna a sí mismo a través de sus representantes es una fantasía morisca, pero también una fantasía conveniente, no totalmente alejada de la realidad, si se tiene al menos la decencia de respetar las normas, es decir, de ritualizar esa soberanía popular mediante fórmulas de respeto. Si un puñado de hombres y mujeres se arrogan el derecho a gobernarnos como nuestros representantes electos, lo menos que se les puede pedir es que lo parezcan, que simulen la gravitas aneja a semejante privilegio.

Quienes se sientan en el hemiciclo tienen cuatro años para imponernos todo tipo de leyes, que habremos de cumplir coercitivamente o recibir la sanción prevista. Pero se espera del pueblo que cumpla las leyes por algo más que el mero temor; por reconocimiento de que han emanado de forma legítima y conllevan, por tanto, el deber de ser obedecidas con independencia de que lleven aparejadas una sanción. Pero, ¿cómo puede esperarse este respeto elemental de normas emanadas de un órgano que no respeta las que le obligan, y hace de este incumplimiento despectivo un despliegue público? Los cuatro diputados presos a los que se permitió recoger su acta se saltaron todas las normas impuestas por el Supremo y unas cuantas más.Y no fueron los únicos.

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El resultado de todo esto es un deterioro de lo que hablábamos antes, de ese cumplimiento de la ley que no necesita la amenaza consciente y constante del castigo. Así, la absoluta falta de respeto por la norma e incluso por el encargo del legislador engendra naturalmente el desprecio a la ley en el gobernado, que ya no verá nada malo en saltarse la ley a su conveniencia cada vez que prevea que puede hacerlo sin riesgo, y todas las demás las cumplirá movido exclusivamente por el miedo, una situación no distinta a la de un régimen tiránico.